Gana el sí en el debate de prohibir en España el uso de redes a menores de 16 años
El 77% de los encuestados respalda la medida restrictiva propuesta por Pedro Sánchez
El Gobierno abre un debate nacional sobre bienestar digital, privacidad y educación mientras estudia cómo aplicar la medida anunciada por Pedro Sánchez. El 3 de febrero, el presidente comunicó su intención de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Los resultados del informe realizado por la Fundación BBVA abogan que 77% de la población española estaría de acuerdo con la medida. Australia aplicó esta medida en diciembre del 2025.
La propuesta del Ejecutivo ha reactivado un debate que llevaba tiempo latente: cómo proteger a los menores en un entorno digital que se ha convertido en parte central de su vida social, educativa y emocional. El anuncio, que todavía debe traducirse en un proyecto legislativo concreto, llega en un momento en el que la preocupación por la salud mental juvenil y la exposición a contenidos dañinos ocupa un lugar destacado en la agenda pública.
El informe de la Fundación BBVA, publicado días antes del anuncio, refleja un consenso social deliberante: más de tres cuartas partes de la población considera necesaria una regulación más estricta del acceso de los menores a las redes sociales. El estudio también señala que el 60% de los encuestados cree que se debería prohibir el uso del telefono móvil durante toda la jornada escolar, entre estos, más mujeres que hombres. En Catalunya, la Generalitat aplicó este mismo curso el plan de digitalización responsable, prohibiendo en la ESO el uso de los móbiles y rebajando en la primaria la exposición de las pantallas. De hecho, en la encuestra se muestra mayor preocupación por aplicar medidas restrictivas en la educación primaria, con un apoyo de casi nueve de cada diez ciudadanos.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que la medida no puede limitarse a una prohibición simbólica. La ministra de Juventud ha subrayado que el objetivo es “proteger sin criminalizar”, y que la regulación debe ir acompañada de herramientas tecnológicas que permitan verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los usuarios. Para ello, la Secretaría de Estado de Digitalización trabaja en un sistema de identificación anónima basado en certificados digitales, aunque su viabilidad técnica y legal todavía está en evaluación.
Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en aplicar una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años. Su modelo se basa en un sistema de verificación gestionado por terceros independientes, que certifican la edad del usuario sin compartir datos personales con las plataformas. España observa este precedente con atención. El Gobierno prevé presentar el proyecto de ley antes del verano. Mientras tanto, el debate continúa abierto. La cuestión ya no es únicamente si los menores deben o no estar en redes sociales, sino cómo construir un entorno digital más seguro sin limitar su autonomía ni su participación en la vida pública.